La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
