Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
Este miércoles comenzó la audiencia de cautela de garantías en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se están evaluando los primeros elementos clave del proceso judicial contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La instancia fue solicitada por la defensa del acusado, y en ella se ha revelado un dato relevante: Monsalve prestó declaración ante las autoridades el 15 de octubre, un día después de que fuera denunciado por violación. Ante esto, la defensa de Monsalve, representada por María Inés Horvitz, inicialmente negó que su cliente hubiese prestado una primera declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado Cristian Arias confirmó la declaración, junto con la entrega del primer teléfono celular del exsubsecretario ese mismo día. Asimismo, la denuncia por violación fue presentada el 14 de octubre en la Fiscalía Centro Norte por parte de la víctima. Durante la audiencia, también se discutió el acceso a la carpeta investigativa y la precisión de los hechos. Además, se espera que el Ministerio Público solicite autorización para periciar un cuarto celular de Monsalve, que fue encontrado durante las diligencias recientes. Finalmente, esta audiencia marca un paso crucial en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la denuncia y el grado de participación de Monsalve en los hechos investigados.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reanudó la formalización del denominadocaso Alto Mando, donde los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate son imputados por apremios ilegítimos por omisión, con resultados de lesiones graves y homicidio, ocurridos durante el Estallido Social de 2019. Ante esto, en aquel periodo, Yáñez ejercía como director de Orden y Seguridad, Rozas como general director de la institución, y Olate como subdirector. La acusación se enmarca en las actuaciones de Carabineros frente a las manifestaciones, que derivaron en múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó en las audiencias previas 228 casos para sustentar los cargos. Tras un receso de más de una semana, este lunes se espera que se discutan las medidas cautelares que podrían imponerse a los exuniformados, quienes ya se encuentran en el Centro de Justicia. La resolución de estas medidas podría marcar un punto clave en el proceso judicial.
Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
Este miércoles comenzó la audiencia de cautela de garantías en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se están evaluando los primeros elementos clave del proceso judicial contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La instancia fue solicitada por la defensa del acusado, y en ella se ha revelado un dato relevante: Monsalve prestó declaración ante las autoridades el 15 de octubre, un día después de que fuera denunciado por violación. Ante esto, la defensa de Monsalve, representada por María Inés Horvitz, inicialmente negó que su cliente hubiese prestado una primera declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado Cristian Arias confirmó la declaración, junto con la entrega del primer teléfono celular del exsubsecretario ese mismo día. Asimismo, la denuncia por violación fue presentada el 14 de octubre en la Fiscalía Centro Norte por parte de la víctima. Durante la audiencia, también se discutió el acceso a la carpeta investigativa y la precisión de los hechos. Además, se espera que el Ministerio Público solicite autorización para periciar un cuarto celular de Monsalve, que fue encontrado durante las diligencias recientes. Finalmente, esta audiencia marca un paso crucial en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la denuncia y el grado de participación de Monsalve en los hechos investigados.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reanudó la formalización del denominadocaso Alto Mando, donde los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate son imputados por apremios ilegítimos por omisión, con resultados de lesiones graves y homicidio, ocurridos durante el Estallido Social de 2019. Ante esto, en aquel periodo, Yáñez ejercía como director de Orden y Seguridad, Rozas como general director de la institución, y Olate como subdirector. La acusación se enmarca en las actuaciones de Carabineros frente a las manifestaciones, que derivaron en múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó en las audiencias previas 228 casos para sustentar los cargos. Tras un receso de más de una semana, este lunes se espera que se discutan las medidas cautelares que podrían imponerse a los exuniformados, quienes ya se encuentran en el Centro de Justicia. La resolución de estas medidas podría marcar un punto clave en el proceso judicial.
