Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
