En un comunicado conjunto emitido este jueves, las Isapres hicieron una fuerte declaración, calificando de inútil el proyecto de Ley Corta y advirtiendo sobre el posible fin del sistema de salud privado en el país. En el anuncio, las instituciones señalaron que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, se encaminan hacia su fin debido a la insuficiencia de los ingresos para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Según las Isapres, a pesar de los esfuerzos del poder Ejecutivo y Legislativo por construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema y resguardar las coberturas de los afiliados, el proyecto de Ley Corta en su estado actual resulta inútil. Argumentan que sin acuerdo para su implementación y sin restablecer el equilibrio financiero, el proyecto no cumple su propósito. Las instituciones también destacaron la necesidad de normalizar la operación del sector para poder realizar los ajustes necesarios. Advierten que de no lograrse un acuerdo, se verá forzado el cese de las coberturas de los beneficiarios, lo que tendría graves consecuencias en la mantención de sus tratamientos médicos y en la red de prestadores de salud. Además, hicieron un llamado a la Comisión Mixta y al Ejecutivo a consensuar un acuerdo que evite el desenlace negativo que nadie desea. Finalmente, destacaron la importancia de una reforma mayor en el sistema de salud, pero enfatizaron que esta transición no debe ocurrir desde una crisis profunda del sector, que podría retroceder en lugar de avanzar hacia un sistema más equitativo y con mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.
El presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Previsional (Isapres), Gonzalo Arriagada, y el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, se presentaron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para discutir sobre la legislación que busca implementar el fallo reciente de la Corte Suprema referente a la tabla de factores en el sistema de salud. Ambos líderes expusieron su postura respecto a la llamadaley corta que está siendo tramitada en el Congreso. Arriagada, en representación de las Isapres, expresó la urgencia de contar con esta ley para evitar una posible crisis en el sistema de salud. De no contar con esta ley corta, las Isapres no tienen destino y podría ocurrir una crisis en el sistema de salud que obviamente queremos evitar , afirmó Arriagada durante su intervención. El presidente de las Isapres instó a los parlamentarios a aprobar el proyecto rápidamente, destacando que su aprobación en mayo permitiría ajustar los precios de los planes en agosto, así como realizar otros ajustes necesarios para mantener el equilibrio financiero de las compañías. Por otro lado, Fuenzalida, en representación de Clínicas de Chile, subrayó la preocupación por la deuda acumulada por parte de las Isapres y el impacto que esto tiene en los prestadores de servicios de salud privados. Expuso que la deuda total a prestadores privados, tanto del asegurador público como de los privados, asciende a $908 mil millones. Además, señaló que la deuda de las Isapres con las clínicas aumentó un 31% interanual, alcanzando los $636 mil millones en enero de 2024. Fuenzalida también resaltó las dificultades que enfrentan las clínicas debido a la falta de liquidez en el sistema, lo que ha llevado a la postergación y congelamiento de inversiones en el sector, afectando directamente la calidad y disponibilidad de servicios de salud para la población. Por último, Fuenzalida agregó que “en estimaciones de algunos de nuestros asociados, en el último año, se han reducido las inversiones en aproximadamente un 40% e, incluso, se ha debido acudir a financiamiento extraordinario en bancos por capital de trabajo” . Además, expresó que “por lo anterior, hemos debido destinar grandes esfuerzos en la elaboración de planes de contingencia, ya que nuestra operación está bajo amenaza, lo que tiene un directo y grave impacto en los millones de pacientes que atendemos”.
Este lunes, la Superintendencia de Salud de Chile anunció que todas las Isapres abiertas al público en el país han respondido a la reciente regulación comunicando su decisión de adecuar los precios bases de sus planes de salud. Recordar que las aseguradoras tenían un plazo de cinco días para entregar su decisión, el cual finalizó el pasado domingo. De las diez Isapres que operan en el sistema privado de salud chileno, tres son consideradas cerradas: Cruz del Norte, Isalud y Fundación. Según el regulador, Cruz del Norte no comunicó una determinación al respecto debido a la ausencia de una tabla de factores, lo que la excluye de aplicar este ajuste. Las siete Isapres abiertas a todo público, incluyendo Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida, Esencial y Vida Tres, han confirmado que ajustarán los valores de sus planes de salud. La Superintendencia de Salud había establecido, el martes pasado y mediante publicación en el Diario Oficial, un porcentaje máximo de ajuste del 7,4% que las Instituciones de Salud Previsional debían considerar al momento de decidir el ajuste de los precios base de los planes de salud. Este porcentaje representa un incremento considerable con respecto al año anterior, que estaba fijado en un 2,6%. 📄PROCESO ADECUACIÓN PRECIO BASE 🔴Tras culminar el plazo este domingo 25 de febrero, 𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟎 Isapres del sistema* 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 de los planes de salud. @ministeriosalud — Superintendencia de Salud Chile (@SuperDeSalud) February 26, 2024
El Superintendente de Salud, Victor Torres, destacó este miércoles la complejidad del actual debate sobre el ajuste en los precios de los planes de las Isapres, tras la reciente publicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA 2023). Este índice establece un límite máximo de aumento del 7,4% para los planes de salud, lo cual ha generado un amplio espectro de reacciones. Algunos ven en este techo una protección necesaria frente a aumentos desmedidos, mientras que otros critican el porcentaje fijado por considerarlo elevado. Respondiendo a las inquietudes, Torres explicó en T13Radio que el ICSA no implica que todas las isapres aumentarán sus planes en dicho porcentaje, sino que establece un máximo permitido. Según el superintendente, la eliminación de este techo representaría un retroceso, dejando a los usuarios a merced de incrementos sin control. La discusión sobre los costos de los planes de salud se produce en un contexto donde la fluctuación de precios ha sido constante, afectando la percepción de los cotizantes sobre la estabilidad del sistema. Además, recientes fallos de la Corte Suprema y la aplicación de nuevas tablas de factores han introducido cambios significativos, con bajadas en los precios de algunos planes que contrastan con los aumentos anuales. Torres hizo hincapié en el compromiso de su superintendencia con el equilibrio del sistema, asegurando que se busca una solución que no traslade la totalidad de los costos a los afiliados y mantenga el flujo de ingresos hacia las Isapres. La claridad respecto al impacto real de estas medidas vendrá la próxima semana, cuando se detalle el ajuste específico por Isapre. Finalmente, el superintendente abordó los temores de un potencial aumento del 40% en algunos planes, aclarando que este escenario extremo solo afectaría a un pequeño porcentaje de los planes y es resultado directo de ajustes legales en curso. La intención detrás de estas regulaciones es, según Torres, encontrar un punto medio donde los costos para los usuarios sean previsibles y justos, asegurando así la sostenibilidad del sistema de salud privado en Chile.
En un esfuerzo por abordar la situación económica que enfrenta el sistema privado de salud, la Superintendencia de Salud ha establecido un tope máximo de ajuste de precios para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Este martes, a través del Diario Oficial, se hizo público que dicho tope se fijó en un 7,4%, casi tres veces mayor que el establecido el año anterior, que fue del 2,6%. Según información proporcionada por fuentes de la industria, el sistema privado de salud se encuentra actualmente en medio de una crisis económica, con una deuda que se estima en unos 1.300 millones de dólares. Ante este panorama, la Superintendencia de Salud ha tomado medidas para regular el ajuste de precios de los planes de salud ofrecidos por las Isapres con el objetivo de asegurar su sostenibilidad financiera. Esta medida se enmarca dentro de un contexto más amplio de acciones legislativas dirigidas al sector de la salud privada. En diciembre pasado, el Senado aprobó la llamada ley miscelánea, que incluyó una serie de medidas destinadas a abordar diversos aspectos del sistema de salud. Entre estas medidas se encontraba la modificación del procedimiento para la fijación del Índice de Costos de la Salud (ICSA), que generó un intenso debate entre los legisladores. Algunos legisladores consideraron que estas medidas podrían interpretarse como un salvataje a las Isapres, mientras que otros argumentaron que eran necesarias para evitar una mayor crisis en el negocio de la salud privada. Entre los cambios introducidos en el cálculo del ICSA se i ncluyó el adelanto desde julio a abril de su aplicación, así como la exclusión de los costos de las prestaciones Fonasa Libre Elección y la frecuencia de uso.
En un comunicado conjunto emitido este jueves, las Isapres hicieron una fuerte declaración, calificando de inútil el proyecto de Ley Corta y advirtiendo sobre el posible fin del sistema de salud privado en el país. En el anuncio, las instituciones señalaron que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, se encaminan hacia su fin debido a la insuficiencia de los ingresos para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Según las Isapres, a pesar de los esfuerzos del poder Ejecutivo y Legislativo por construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema y resguardar las coberturas de los afiliados, el proyecto de Ley Corta en su estado actual resulta inútil. Argumentan que sin acuerdo para su implementación y sin restablecer el equilibrio financiero, el proyecto no cumple su propósito. Las instituciones también destacaron la necesidad de normalizar la operación del sector para poder realizar los ajustes necesarios. Advierten que de no lograrse un acuerdo, se verá forzado el cese de las coberturas de los beneficiarios, lo que tendría graves consecuencias en la mantención de sus tratamientos médicos y en la red de prestadores de salud. Además, hicieron un llamado a la Comisión Mixta y al Ejecutivo a consensuar un acuerdo que evite el desenlace negativo que nadie desea. Finalmente, destacaron la importancia de una reforma mayor en el sistema de salud, pero enfatizaron que esta transición no debe ocurrir desde una crisis profunda del sector, que podría retroceder en lugar de avanzar hacia un sistema más equitativo y con mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.
El presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Previsional (Isapres), Gonzalo Arriagada, y el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, se presentaron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para discutir sobre la legislación que busca implementar el fallo reciente de la Corte Suprema referente a la tabla de factores en el sistema de salud. Ambos líderes expusieron su postura respecto a la llamadaley corta que está siendo tramitada en el Congreso. Arriagada, en representación de las Isapres, expresó la urgencia de contar con esta ley para evitar una posible crisis en el sistema de salud. De no contar con esta ley corta, las Isapres no tienen destino y podría ocurrir una crisis en el sistema de salud que obviamente queremos evitar , afirmó Arriagada durante su intervención. El presidente de las Isapres instó a los parlamentarios a aprobar el proyecto rápidamente, destacando que su aprobación en mayo permitiría ajustar los precios de los planes en agosto, así como realizar otros ajustes necesarios para mantener el equilibrio financiero de las compañías. Por otro lado, Fuenzalida, en representación de Clínicas de Chile, subrayó la preocupación por la deuda acumulada por parte de las Isapres y el impacto que esto tiene en los prestadores de servicios de salud privados. Expuso que la deuda total a prestadores privados, tanto del asegurador público como de los privados, asciende a $908 mil millones. Además, señaló que la deuda de las Isapres con las clínicas aumentó un 31% interanual, alcanzando los $636 mil millones en enero de 2024. Fuenzalida también resaltó las dificultades que enfrentan las clínicas debido a la falta de liquidez en el sistema, lo que ha llevado a la postergación y congelamiento de inversiones en el sector, afectando directamente la calidad y disponibilidad de servicios de salud para la población. Por último, Fuenzalida agregó que “en estimaciones de algunos de nuestros asociados, en el último año, se han reducido las inversiones en aproximadamente un 40% e, incluso, se ha debido acudir a financiamiento extraordinario en bancos por capital de trabajo” . Además, expresó que “por lo anterior, hemos debido destinar grandes esfuerzos en la elaboración de planes de contingencia, ya que nuestra operación está bajo amenaza, lo que tiene un directo y grave impacto en los millones de pacientes que atendemos”.
Este lunes, la Superintendencia de Salud de Chile anunció que todas las Isapres abiertas al público en el país han respondido a la reciente regulación comunicando su decisión de adecuar los precios bases de sus planes de salud. Recordar que las aseguradoras tenían un plazo de cinco días para entregar su decisión, el cual finalizó el pasado domingo. De las diez Isapres que operan en el sistema privado de salud chileno, tres son consideradas cerradas: Cruz del Norte, Isalud y Fundación. Según el regulador, Cruz del Norte no comunicó una determinación al respecto debido a la ausencia de una tabla de factores, lo que la excluye de aplicar este ajuste. Las siete Isapres abiertas a todo público, incluyendo Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida, Esencial y Vida Tres, han confirmado que ajustarán los valores de sus planes de salud. La Superintendencia de Salud había establecido, el martes pasado y mediante publicación en el Diario Oficial, un porcentaje máximo de ajuste del 7,4% que las Instituciones de Salud Previsional debían considerar al momento de decidir el ajuste de los precios base de los planes de salud. Este porcentaje representa un incremento considerable con respecto al año anterior, que estaba fijado en un 2,6%. 📄PROCESO ADECUACIÓN PRECIO BASE 🔴Tras culminar el plazo este domingo 25 de febrero, 𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟎 Isapres del sistema* 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 de los planes de salud. @ministeriosalud — Superintendencia de Salud Chile (@SuperDeSalud) February 26, 2024
El Superintendente de Salud, Victor Torres, destacó este miércoles la complejidad del actual debate sobre el ajuste en los precios de los planes de las Isapres, tras la reciente publicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA 2023). Este índice establece un límite máximo de aumento del 7,4% para los planes de salud, lo cual ha generado un amplio espectro de reacciones. Algunos ven en este techo una protección necesaria frente a aumentos desmedidos, mientras que otros critican el porcentaje fijado por considerarlo elevado. Respondiendo a las inquietudes, Torres explicó en T13Radio que el ICSA no implica que todas las isapres aumentarán sus planes en dicho porcentaje, sino que establece un máximo permitido. Según el superintendente, la eliminación de este techo representaría un retroceso, dejando a los usuarios a merced de incrementos sin control. La discusión sobre los costos de los planes de salud se produce en un contexto donde la fluctuación de precios ha sido constante, afectando la percepción de los cotizantes sobre la estabilidad del sistema. Además, recientes fallos de la Corte Suprema y la aplicación de nuevas tablas de factores han introducido cambios significativos, con bajadas en los precios de algunos planes que contrastan con los aumentos anuales. Torres hizo hincapié en el compromiso de su superintendencia con el equilibrio del sistema, asegurando que se busca una solución que no traslade la totalidad de los costos a los afiliados y mantenga el flujo de ingresos hacia las Isapres. La claridad respecto al impacto real de estas medidas vendrá la próxima semana, cuando se detalle el ajuste específico por Isapre. Finalmente, el superintendente abordó los temores de un potencial aumento del 40% en algunos planes, aclarando que este escenario extremo solo afectaría a un pequeño porcentaje de los planes y es resultado directo de ajustes legales en curso. La intención detrás de estas regulaciones es, según Torres, encontrar un punto medio donde los costos para los usuarios sean previsibles y justos, asegurando así la sostenibilidad del sistema de salud privado en Chile.
En un esfuerzo por abordar la situación económica que enfrenta el sistema privado de salud, la Superintendencia de Salud ha establecido un tope máximo de ajuste de precios para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Este martes, a través del Diario Oficial, se hizo público que dicho tope se fijó en un 7,4%, casi tres veces mayor que el establecido el año anterior, que fue del 2,6%. Según información proporcionada por fuentes de la industria, el sistema privado de salud se encuentra actualmente en medio de una crisis económica, con una deuda que se estima en unos 1.300 millones de dólares. Ante este panorama, la Superintendencia de Salud ha tomado medidas para regular el ajuste de precios de los planes de salud ofrecidos por las Isapres con el objetivo de asegurar su sostenibilidad financiera. Esta medida se enmarca dentro de un contexto más amplio de acciones legislativas dirigidas al sector de la salud privada. En diciembre pasado, el Senado aprobó la llamada ley miscelánea, que incluyó una serie de medidas destinadas a abordar diversos aspectos del sistema de salud. Entre estas medidas se encontraba la modificación del procedimiento para la fijación del Índice de Costos de la Salud (ICSA), que generó un intenso debate entre los legisladores. Algunos legisladores consideraron que estas medidas podrían interpretarse como un salvataje a las Isapres, mientras que otros argumentaron que eran necesarias para evitar una mayor crisis en el negocio de la salud privada. Entre los cambios introducidos en el cálculo del ICSA se i ncluyó el adelanto desde julio a abril de su aplicación, así como la exclusión de los costos de las prestaciones Fonasa Libre Elección y la frecuencia de uso.
