El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
