Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
