La primera sesión oficial de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado y Sistemas de Inteligencia, convocada tras el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, se llevó a cabo este lunes con una notable ausencia: la Ministra del Interior, Carolina Tohá. A pesar de su inasistencia, comunicada esa misma mañana, el subsecretario Manuel Monsalve estuvo presente junto a destacados representantes de las fuerzas policiales y servicios de inteligencia. Durante la parte pública de la reunión, Monsalve abordó temas relacionados con las solicitudes de refugio en Chile y los procedimientos para el control migratorio en las fronteras. Reveló cifras significativas desde que se implementó la Ley de Protección a Refugiados en 2010: aproximadamente 31 mil solicitudes presentadas; 11 mil archivadas; 9 mil rechazadas; 10 mil pendientes y cerca de 1.000 aceptadas. De estos refugios otorgados, solo un pequeño porcentaje corresponde a ciudadanos venezolanos. El caso particular del asesinato del exteniente Ojeda trajo consigo críticas hacia el sistema chileno por supuestamente no ofrecer protección adecuada al exmilitar venezolano. Monsalve enfatizó que los beneficios otorgados a quienes obtienen refugio incluyen residencia definitiva y derecho a no expulsión pero no medidas específicas de protección sin una denuncia previa ante Fiscalía. “Se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las fuerzas armadas que habían sido puestos en un listado por el gobierno venezolano, a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo había 7 de esas 33 personas en territorio nacional, esa es la información que puedo entregar al respecto” , agregó Monsalve. La falta percibida de seguridad para los refugiados fue objeto central durante esta sesión inaugural. La diputada Joanna Pérez confrontó al subsecretario acerca del conocimiento que tenía Interior sobre las actividades políticas y movimientos internacionales realizados por Ojeda antes de su muerte. Monsalve respondió señalando que como refugiado, Ojeda estaba obligado a informar sobre sus viajes fuera del país pero insistió en que no existían denuncias previas que justificaran medidas especiales para él o cualquier otro ciudadano venezolano en Chile. Las explicaciones dadas por Monsalve fueron recibidas con escepticismo e insatisfacción por algunos miembros parlamentarios presentes en la comisión investigadora. El presidente Miguel Ángel Becker expresó su descontento ante lo que considera información vaga y poco analizada, manifestando su esperanza en un cambio conforme avance el trabajo investigativo.
La primera sesión oficial de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado y Sistemas de Inteligencia, convocada tras el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, se llevó a cabo este lunes con una notable ausencia: la Ministra del Interior, Carolina Tohá. A pesar de su inasistencia, comunicada esa misma mañana, el subsecretario Manuel Monsalve estuvo presente junto a destacados representantes de las fuerzas policiales y servicios de inteligencia. Durante la parte pública de la reunión, Monsalve abordó temas relacionados con las solicitudes de refugio en Chile y los procedimientos para el control migratorio en las fronteras. Reveló cifras significativas desde que se implementó la Ley de Protección a Refugiados en 2010: aproximadamente 31 mil solicitudes presentadas; 11 mil archivadas; 9 mil rechazadas; 10 mil pendientes y cerca de 1.000 aceptadas. De estos refugios otorgados, solo un pequeño porcentaje corresponde a ciudadanos venezolanos. El caso particular del asesinato del exteniente Ojeda trajo consigo críticas hacia el sistema chileno por supuestamente no ofrecer protección adecuada al exmilitar venezolano. Monsalve enfatizó que los beneficios otorgados a quienes obtienen refugio incluyen residencia definitiva y derecho a no expulsión pero no medidas específicas de protección sin una denuncia previa ante Fiscalía. “Se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las fuerzas armadas que habían sido puestos en un listado por el gobierno venezolano, a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo había 7 de esas 33 personas en territorio nacional, esa es la información que puedo entregar al respecto” , agregó Monsalve. La falta percibida de seguridad para los refugiados fue objeto central durante esta sesión inaugural. La diputada Joanna Pérez confrontó al subsecretario acerca del conocimiento que tenía Interior sobre las actividades políticas y movimientos internacionales realizados por Ojeda antes de su muerte. Monsalve respondió señalando que como refugiado, Ojeda estaba obligado a informar sobre sus viajes fuera del país pero insistió en que no existían denuncias previas que justificaran medidas especiales para él o cualquier otro ciudadano venezolano en Chile. Las explicaciones dadas por Monsalve fueron recibidas con escepticismo e insatisfacción por algunos miembros parlamentarios presentes en la comisión investigadora. El presidente Miguel Ángel Becker expresó su descontento ante lo que considera información vaga y poco analizada, manifestando su esperanza en un cambio conforme avance el trabajo investigativo.
