En medio de la movilización convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte en un paro nacional por la seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la situación esta mañana, asegurando la voluntad del Gobierno para garantizar el libre tránsito en las rutas del país. La protesta, principalmente concentrada en las regiones nortinas, surge con demandas específicas, como el cierre de fronteras y el despliegue de Fuerzas Armadas, según el petitorio presentado por los camioneros del norte. Sin embargo, tanto la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) como la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) han informado que no se sumarán a la paralización. Durante una aparición pública junto a la Policía de Investigaciones (PDI), Monsalve fue cuestionado sobre las demandas de los transportistas. En respuesta, afirmó que el Gobierno está dispuesto al diálogo con los gremios, pero que las conversaciones giran en torno a demandas gremiales específicas, mientras que las solicitudes actuales no se perciben como tales. Nosotros tenemos diálogo con los transportistas. La semana pasada tuvimos una reunión con una amplia gama de organizaciones del transporte muy importantes, todas con mucha representación, que hoy día no se encuentran movilizadas. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, creemos que aquí no hay una causa de carácter gremial y al Gobierno lo que corresponde es tomar todas las decisiones que permitan mantener el libre tránsito por las rutas de Chile, agregó el subsecretario. Asimismo, señaló que hoy día hay una demanda mucho más amplia en materia de seguridad, algunas de las cosas las hemos tocado aquí, pero eso no son materias gremiales. Yo diría que en materia gremial no hay una demanda concreta, así que esperamos que prime la cordura . Para abordar la situación, el Gobierno estableció un comité de contingencia junto con los Ministerios de Transporte, Obras Públicas e Interior desde tempranas horas de la mañana, con el objetivo de monitorear la situación y garantizar el despeje de las rutas. Monsalve aseguró que, si fuera necesario, se van a utilizar las herramientas que nos da la ley.
El debate sobre la presencia de Hezbolá en Chile ha cobrado fuerza tras los comentarios de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien señaló la supuesta operatividad del grupo en territorio chileno. Ante esta controversia, el Subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha intervenido con una postura prudente pero cuestionadora. En declaraciones a la prensa, Monsalve expresó su preocupación ante lo que percibe como una posible coordinación entre las declaraciones de autoridades argentinas y senadores estadounidenses en torno a la presencia de Hezbolá en Chile. Uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o es dañar la imagen del país , planteó el subsecretario, sugiriendo que estas afirmaciones podrían tener motivaciones políticas más que genuinas preocupaciones por la seguridad. La autoridad subrayó la importancia de mantener relaciones diplomáticas y de seguridad con Argentina, pero al mismo tiempo cuestionó la conveniencia de hacer públicas informaciones sensibles en una conferencia de prensa. ¿A usted le parece que si yo estuviera preocupado de la seguridad argentina entregaría información de esa naturaleza en un punto de prensa? , cuestionó Monsalve. Además, Monsalve reconoció la existencia de células operativas en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, pero enfatizó que la principal preocupación debería recaer en la seguridad de Argentina, ya que es allí donde se concentra la presencia de estas células. Como muy bien dijo y reconoció la ministra, el peligro es para Argentina , agregó. El subsecretario del Interior hizo un llamado a la prudencia en materia de inteligencia y a no dejarse provocar por declaraciones que podrían tener otros fines más allá de la seguridad nacional.
En el marco del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario, las autoridades llevaron a cabo el segundo operativo interinstitucional del año, dirigido a diversos recintos penitenciarios en todo el país. Coordinado por Carabineros, la subsecretaría del Interior, la Delegación Presidencial Metropolitana, y la Municipalidad de Santiago, este operativo se enfocó en la ex Penitenciaria de Santiago, marcando la tercera acción de este tipo en lo que va del año 2024. El operativo abarcó un total de 28 penales en todo el territorio nacional, excluyendo la Región de Arica y Parinacota, según lo indicado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Durante la intervención, se logró la incautación de 491 armas blancas, 121 teléfonos celulares, 201 litros de licor artesanal y diversas sustancias ilícitas. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, destacó la importancia de estas acciones, mencionando: En lo que va del año, es decir, estos 25 días, hemos realizado tres procedimientos de allanamiento masivo a lo largo de todo el país. Este en particular es el tercero, en el cual hemos intervenido en 28 unidades penales a lo largo de todo el país, y logramos retirar una gran cantidad de elementos prohibidos. En el acumulado de las tres intervenciones, se contabilizaron un total de 1.381 armas blancas, 464 celulares, 481 litros de alcohol artesanal y 2,187 kilos de sustancias ilícitas retiradas de los recintos penitenciarios. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró la posición del Gobierno, destacando que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tienen control de las cárceles en Chile.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formalizó un acuerdo de colaboración con Venezuela. El pacto, firmado por el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, y el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal venezolano, José Ramírez, tiene como objetivo abordar diversas aristas del crimen organizado transnacional que afectan a ambas naciones. El acuerdo establece un marco de cooperación mutua, facilitando el intercambio de información dentro de las respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y funciones de cada país. La colaboración se centrará en la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos, delitos financieros y otras expresiones del crimen organizado. Entre las principales acciones acordadas, se destacan: Capacitaciones Específicas: Se llevarán a cabo capacitaciones adaptadas a las realidades criminógenas de cada país. Intercambio de Buenas Prácticas Investigativas: Se compartirán experiencias y enfoques exitosos en la investigación de delitos. Intercambio Biométrico y Dactilar: Se compartirá información biométrica para lograr una identificación eficiente de personas vinculadas con hechos delictivos en ambos países. Alertas Tempranas: Se generarán alertas ante nuevos modus operandi, la germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, y la identificación de nuevos nichos criminales. Mantenimiento de Listados de Prófugos: Se actualizarán y mantendrán listados de prófugos de la justicia, implementando alertas fronterizas activas. Intercambio de Información sobre Internos: Se compartirá información sobre personas condenadas que se encuentren en centros de detención penitenciaria. Antecedentes Penales de Investigativos Vinculados a Delitos Graves: Se intercambiarán antecedentes penales de individuos relacionados con delitos violentos, crimen organizado transnacional, crimen cibernético y otros delitos. El subsecretario Manuel Monsalve destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como un hecho inédito que permitirá reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, compartió la misma opinión y sugirió la posibilidad de extender esta colaboración a nivel de todas las policías de Sudamérica, dada la creciente naturaleza transnacional del crimen organizado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
En medio de la movilización convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte en un paro nacional por la seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la situación esta mañana, asegurando la voluntad del Gobierno para garantizar el libre tránsito en las rutas del país. La protesta, principalmente concentrada en las regiones nortinas, surge con demandas específicas, como el cierre de fronteras y el despliegue de Fuerzas Armadas, según el petitorio presentado por los camioneros del norte. Sin embargo, tanto la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) como la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) han informado que no se sumarán a la paralización. Durante una aparición pública junto a la Policía de Investigaciones (PDI), Monsalve fue cuestionado sobre las demandas de los transportistas. En respuesta, afirmó que el Gobierno está dispuesto al diálogo con los gremios, pero que las conversaciones giran en torno a demandas gremiales específicas, mientras que las solicitudes actuales no se perciben como tales. Nosotros tenemos diálogo con los transportistas. La semana pasada tuvimos una reunión con una amplia gama de organizaciones del transporte muy importantes, todas con mucha representación, que hoy día no se encuentran movilizadas. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, creemos que aquí no hay una causa de carácter gremial y al Gobierno lo que corresponde es tomar todas las decisiones que permitan mantener el libre tránsito por las rutas de Chile, agregó el subsecretario. Asimismo, señaló que hoy día hay una demanda mucho más amplia en materia de seguridad, algunas de las cosas las hemos tocado aquí, pero eso no son materias gremiales. Yo diría que en materia gremial no hay una demanda concreta, así que esperamos que prime la cordura . Para abordar la situación, el Gobierno estableció un comité de contingencia junto con los Ministerios de Transporte, Obras Públicas e Interior desde tempranas horas de la mañana, con el objetivo de monitorear la situación y garantizar el despeje de las rutas. Monsalve aseguró que, si fuera necesario, se van a utilizar las herramientas que nos da la ley.
El debate sobre la presencia de Hezbolá en Chile ha cobrado fuerza tras los comentarios de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien señaló la supuesta operatividad del grupo en territorio chileno. Ante esta controversia, el Subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha intervenido con una postura prudente pero cuestionadora. En declaraciones a la prensa, Monsalve expresó su preocupación ante lo que percibe como una posible coordinación entre las declaraciones de autoridades argentinas y senadores estadounidenses en torno a la presencia de Hezbolá en Chile. Uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o es dañar la imagen del país , planteó el subsecretario, sugiriendo que estas afirmaciones podrían tener motivaciones políticas más que genuinas preocupaciones por la seguridad. La autoridad subrayó la importancia de mantener relaciones diplomáticas y de seguridad con Argentina, pero al mismo tiempo cuestionó la conveniencia de hacer públicas informaciones sensibles en una conferencia de prensa. ¿A usted le parece que si yo estuviera preocupado de la seguridad argentina entregaría información de esa naturaleza en un punto de prensa? , cuestionó Monsalve. Además, Monsalve reconoció la existencia de células operativas en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, pero enfatizó que la principal preocupación debería recaer en la seguridad de Argentina, ya que es allí donde se concentra la presencia de estas células. Como muy bien dijo y reconoció la ministra, el peligro es para Argentina , agregó. El subsecretario del Interior hizo un llamado a la prudencia en materia de inteligencia y a no dejarse provocar por declaraciones que podrían tener otros fines más allá de la seguridad nacional.
En el marco del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario, las autoridades llevaron a cabo el segundo operativo interinstitucional del año, dirigido a diversos recintos penitenciarios en todo el país. Coordinado por Carabineros, la subsecretaría del Interior, la Delegación Presidencial Metropolitana, y la Municipalidad de Santiago, este operativo se enfocó en la ex Penitenciaria de Santiago, marcando la tercera acción de este tipo en lo que va del año 2024. El operativo abarcó un total de 28 penales en todo el territorio nacional, excluyendo la Región de Arica y Parinacota, según lo indicado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Durante la intervención, se logró la incautación de 491 armas blancas, 121 teléfonos celulares, 201 litros de licor artesanal y diversas sustancias ilícitas. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, destacó la importancia de estas acciones, mencionando: En lo que va del año, es decir, estos 25 días, hemos realizado tres procedimientos de allanamiento masivo a lo largo de todo el país. Este en particular es el tercero, en el cual hemos intervenido en 28 unidades penales a lo largo de todo el país, y logramos retirar una gran cantidad de elementos prohibidos. En el acumulado de las tres intervenciones, se contabilizaron un total de 1.381 armas blancas, 464 celulares, 481 litros de alcohol artesanal y 2,187 kilos de sustancias ilícitas retiradas de los recintos penitenciarios. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró la posición del Gobierno, destacando que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tienen control de las cárceles en Chile.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, formalizó un acuerdo de colaboración con Venezuela. El pacto, firmado por el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, y el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal venezolano, José Ramírez, tiene como objetivo abordar diversas aristas del crimen organizado transnacional que afectan a ambas naciones. El acuerdo establece un marco de cooperación mutua, facilitando el intercambio de información dentro de las respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y funciones de cada país. La colaboración se centrará en la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos, delitos financieros y otras expresiones del crimen organizado. Entre las principales acciones acordadas, se destacan: Capacitaciones Específicas: Se llevarán a cabo capacitaciones adaptadas a las realidades criminógenas de cada país. Intercambio de Buenas Prácticas Investigativas: Se compartirán experiencias y enfoques exitosos en la investigación de delitos. Intercambio Biométrico y Dactilar: Se compartirá información biométrica para lograr una identificación eficiente de personas vinculadas con hechos delictivos en ambos países. Alertas Tempranas: Se generarán alertas ante nuevos modus operandi, la germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, y la identificación de nuevos nichos criminales. Mantenimiento de Listados de Prófugos: Se actualizarán y mantendrán listados de prófugos de la justicia, implementando alertas fronterizas activas. Intercambio de Información sobre Internos: Se compartirá información sobre personas condenadas que se encuentren en centros de detención penitenciaria. Antecedentes Penales de Investigativos Vinculados a Delitos Graves: Se intercambiarán antecedentes penales de individuos relacionados con delitos violentos, crimen organizado transnacional, crimen cibernético y otros delitos. El subsecretario Manuel Monsalve destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como un hecho inédito que permitirá reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, compartió la misma opinión y sugirió la posibilidad de extender esta colaboración a nivel de todas las policías de Sudamérica, dada la creciente naturaleza transnacional del crimen organizado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
